La entrada en vigor del sistema VeriFactu plantea dudas específicas en determinados territorios con regímenes fiscales propios. Canarias es uno de ellos. Su particular sistema tributario, distinto al del resto de España peninsular, genera preguntas legítimas entre autónomos y empresas: ¿están obligados a usar VeriFactu? ¿Cómo afecta el IGIC a esta normativa? ¿Qué deben hacer los negocios canarios para cumplir con la ley?
En este artículo respondemos a estas preguntas con precisión, partiendo de la normativa vigente y de las características propias del régimen fiscal canario.
Cómo se aplica VeriFactu en Canarias
VeriFactu es el sistema de facturación verificable regulado por el Real Decreto 1007/2023, que desarrolla el reglamento de requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación. Su objetivo es garantizar la integridad e inalterabilidad de los registros de facturación, evitando el uso de software de doble uso o la manipulación de datos contables.
Desde el punto de vista de su ámbito de aplicación, VeriFactu se aplica a todos los empresarios y profesionales que estén obligados a expedir facturas conforme al Reglamento de Facturación (Real Decreto 1619/2012) y que utilicen sistemas informáticos para ello. Esto incluye, con carácter general, a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que desarrollen actividades económicas y a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.
Canarias forma parte del territorio español y sus residentes y empresas están sujetos a estos tributos estatales. Por lo tanto, la obligación de adaptar los sistemas informáticos de facturación a los requisitos de VeriFactu afecta también a los autónomos y pymes canarios que usen software de facturación en el ejercicio de su actividad.
Diferencias con el régimen general: el papel del IGIC
La principal particularidad fiscal de Canarias reside en su sistema tributario indirecto. Las Islas Canarias no forman parte del territorio de aplicación del IVA comunitario. En su lugar, aplican el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), regulado por la Ley 20/1991, con tipos impositivos y reglas propias.
Esta diferencia es relevante, pero no exime a los negocios canarios de la obligación de cumplir con VeriFactu. He aquí por qué:
- VeriFactu no regula el contenido del impuesto indirecto aplicable, sino los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación.
- Aunque una factura canaria refleje el IGIC en lugar del IVA, sigue siendo un documento de facturación emitido por un empresario o profesional mediante un sistema informático.
- La normativa de VeriFactu no distingue entre contribuyentes del IVA y del IGIC a efectos de la obligación de usar sistemas homologados.
En consecuencia, los autónomos y sociedades con actividad en Canarias que utilicen programas de facturación deben asegurarse de que estos cumplen con los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 1007/2023, independientemente de que tributen por IGIC y no por IVA.
Lo que sí varía es la estructura de las facturas emitidas: en Canarias se consignará el IGIC con sus tipos correspondientes, mientras que el formato técnico del registro de facturación debe adaptarse igualmente a los estándares de VeriFactu.
Impacto en empresas y autónomos canarios
El impacto práctico de VeriFactu en Canarias es similar al que experimenta cualquier otro negocio en el territorio nacional, con algunos matices derivados de su régimen fiscal diferenciado.
Obligación de actualizar o cambiar el software de facturación
Todos los autónomos y empresas canarias que utilicen programas informáticos para emitir facturas deben verificar que su software cumple con los requisitos técnicos de VeriFactu. Esto implica que el programa debe ser capaz de:
- Generar registros de facturación con huella o hash encadenado que garantice su inalterabilidad.
- Incluir en cada factura un código QR que permita su verificación ante la Agencia Tributaria.
- Enviar los registros a la AEAT de forma voluntaria en el caso de los sistemas VeriFactu, o conservarlos de forma segura si se opta por sistemas de alta seguridad sin envío automático.
Los proveedores de software de facturación deben certificar que sus productos cumplen esta normativa. Si un negocio canario trabaja con un programa que no ha sido actualizado, deberá buscar una alternativa compatible.
Sectores especialmente afectados en Canarias
Dado el peso del turismo, la hostelería, el comercio y los servicios en la economía canaria, muchos negocios del archipiélago emiten un elevado volumen de facturas. Para ellos, la correcta implantación de VeriFactu es especialmente relevante, ya que el sistema está diseñado precisamente para garantizar el control fiscal en sectores con alta actividad transaccional.
Asimismo, las empresas canarias que operan tanto en el archipiélago como en la península o en el extranjero deben asegurarse de que su software de facturación gestiona correctamente los dos regímenes: el IGIC para las operaciones en Canarias y el IVA para las realizadas en territorio peninsular o balear.
Plazos de adaptación
Los plazos para la adaptación a VeriFactu están fijados con carácter general para todos los contribuyentes obligados, sin distinción por territorio. Según la normativa, las empresas con facturación por encima de determinados umbrales y las que utilicen sistemas informáticos de facturación deben cumplir con estos requisitos en los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda, que ha ido precisando el calendario de entrada en vigor progresiva. Es fundamental que los negocios canarios estén atentos a las publicaciones oficiales de la AEAT y del Ministerio para no incurrir en incumplimientos.
Recomendaciones para negocios en Canarias
Ante este escenario, los autónomos y pymes de las Islas Canarias deben adoptar una postura proactiva. A continuación se recogen las principales recomendaciones:
- Verificar el software actual. Contacta con tu proveedor de software de facturación y pregunta expresamente si su solución está adaptada a los requisitos de VeriFactu conforme al Real Decreto 1007/2023. Solicita confirmación por escrito.
- Comprobar la compatibilidad con el IGIC. Asegúrate de que el software no solo cumple VeriFactu sino que también gestiona correctamente el IGIC, sus tipos reducidos, el tipo cero y las exenciones propias del régimen canario.
- Consultar con tu asesor fiscal. Un asesor especializado en fiscalidad canaria podrá orientarte sobre cómo afecta VeriFactu a tu situación concreta, especialmente si operas en varios territorios o tienes operaciones mixtas con IVA e IGIC.
- Mantenerse informado sobre los plazos. Los calendarios de implantación pueden variar y la AEAT publica actualizaciones periódicas. Suscríbete a fuentes oficiales y portales especializados para no perderte ninguna novedad.
- Evitar soluciones improvisadas. Ante la obligación de adaptar tu sistema de facturación, no optes por parches temporales o soluciones no certificadas. El incumplimiento de los requisitos técnicos de VeriFactu puede derivar en sanciones significativas.
- Considerar el cambio a software en la nube. Muchas soluciones de facturación en la nube ya están adaptando sus plataformas a VeriFactu de forma centralizada, lo que facilita el cumplimiento sin necesidad de actualizaciones manuales por parte del usuario.
Conclusión
VeriFactu en Canarias no es un asunto ajeno a los negocios del archipiélago. Aunque el régimen fiscal canario presenta diferencias sustanciales con el territorio peninsular, especialmente en lo relativo al IGIC, la obligación de utilizar sistemas informáticos de facturación homologados afecta por igual a todos los empresarios y profesionales que tributen en España por IRPF o Impuesto sobre Sociedades.
La clave para los autónomos y pymes canarias está en actuar con antelación: revisar el software actual, asegurarse de su compatibilidad con el IGIC y con los requisitos de VeriFactu, y apoyarse en profesionales especializados para garantizar el cumplimiento. La normativa no distingue de fronteras insulares cuando se trata de la integridad de los registros de facturación, y estar al día es la mejor forma de evitar problemas con Hacienda.